La IV Reunión de los Puntos Focales designados por los gobiernos de los países signatarios de la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe tuvo lugar durante los días 4, 5 y 6 de noviembre, en Santiago de Chile.
La IV Reunión fue inaugurada por el Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL, Antonio Prado, quien dio la bienvenida a los participantes y recordó la importancia de contar con un acuerdo regional que fortalezca los derechos contenidos en el Principio 10 de la Declaración de Río.
Representantes de los 19 países de América Latina y el Caribe firmantes de la Declaración del Principio 10 – que promueve el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales -, con la significativa participación del público, aprobaron en la sede de la CEPAL en Santiago, Chile, dar inicio a las negociaciones para la creación de un acuerdo regional en esta área. Los delegados acordaron comenzar las conversaciones para contar con un instrumento regional que apoye a los países en la implementación de los derechos de acceso consagrados en el Principio 10 a más tardar en diciembre de 2016.
Para ello se aprobó la creación de un comité de negociación, integrado por representantes de los países signatarios y del público, así como de una Mesa Directiva copresidida por Chile y Costa Rica, que coordinará las negociaciones que lleve a cabo el comité. Los países participantes acordaron además que el acuerdo regional estará basado en los Contenidos de San José, documento elaborado en las reuniones de los grupos de trabajo del mecanismo, realizadas en septiembre pasado en Costa Rica.
La CEPAL ejerce la secretaría técnica del proceso, presta asesoría a los Estados, fomenta el intercambio de experiencias y apoya el fortalecimiento de capacidades.
En su intervención, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, destacó que el futuro instrumento no debe ser meramente declarativo sino que debe ser ambicioso y establecer obligaciones legales claras y concretas que garanticen de manera efectiva los tres pilares de los derechos de acceso en materia ambiental: información, participación y justicia.